Genera mucha inquietud la denuncia de la encargada de la Pepca sobre el caso Calamar no avanzar por supuestas tácticas dilatorias de los abogados de la defensa. Si los abogados de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta están utilizando recursos para retrasar el proceso, la Pepca debe estar preparada para demostrar cualquier violación de los procedimientos. La magistrada Mirna Ortiz deja mucho que desear con esta denuncia. No puede condenar los métodos de la defensa en el caso Calamar, como las recusaciones de jueces, si no se están apartando de los procedimientos.
Ortiz menciona la recusación de la jueza de instrucción Altagracia Ramírez como una muestra de las tácticas dilatorias que los abogados de los exfuncionarios están utilizando para retrasar el juicio. Esta denuncia solo aumenta la preocupación sobre los resultados de los casos por corrupción que se están tratando en los tribunales. Al igual que los abogados de los imputados tienen sus medios de defensa, la parte acusatoria también debe tener los suyos.
No estoy realmente segura de por qué esto es importante, pero la denuncia de la encargada de la Pepca ha generado muchas dudas sobre la transparencia del proceso. Es posible que haya una lucha de poder entre la defensa y la acusación, lo cual podría afectar la imparcialidad del juicio. Además, la falta de avances en el caso Calamar podría dar la impresión de impunidad, lo cual es preocupante para la sociedad en general.
La recusación de la jueza Ramírez plantea interrogantes sobre la independencia del poder judicial y si los abogados están abusando de su derecho a la defensa para entorpecer el proceso legal. Tal vez sea solo yo, pero siento que esta situación podría tener consecuencias graves en la lucha contra la corrupción en el país. La falta de avances en casos importantes como este envía un mensaje negativo a la población, que espera justicia y transparencia en estos asuntos.
En definitiva, la denuncia de la encargada de la Pepca sobre las tácticas dilatorias en el caso Calamar plantea serias dudas sobre la efectividad del sistema judicial en la lucha contra la corrupción. Es fundamental que se investiguen estas acusaciones a fondo y que se tomen medidas para garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera justa y transparente. La sociedad merece respuestas claras y acciones concretas para combatir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones.
