Las autoridades han solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo para Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, acusadas en el caso Guepardo, una red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada en La Romana. Se estima que más de 120 personas, tanto nacionales como extranjeras, fueron perjudicadas por esta estructura delictiva.
La investigación revela que Marisol Nova Nolasco, socia de la empresa fachada Novasco Real Estate SRL, se hacía pasar por una constructora de renombre para atraer a las víctimas. Por otro lado, Rocío del Alba Rodríguez de Moya promocionaba proyectos inmobiliarios inexistentes, como Romana Victoriana Residences y La Altagracia Victoriana Residences. Además, utilizaban la reconocida inmobiliaria multinacional RE/MAX para dar credibilidad a la estafa y captar clientes.
Las autoridades continúan la búsqueda de Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, quienes están prófugos y son señalados como responsables de esta estafa inmobiliaria.
La investigación, que se inició a raíz de múltiples denuncias presentadas ante el Ministerio Público, ha contado con el respaldo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT) de la Policía Nacional. Según el informe financiero preliminar de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la organización habría obtenido ilegalmente la suma de US$18,851,583.12.
El pasado viernes 7 de febrero de 2025, las autoridades llevaron a cabo 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante estos operativos, se confiscaron vehículos de lujo, dispositivos electrónicos y documentación clave que han sido fundamentales para esclarecer el esquema fraudulento de la red.
En cuanto al proceso judicial, las fiscales a cargo del caso, la doctora Ramona Nova Cabrera de la Procuraduría Antilavado y la licenciada Reina Yaniris Rodríguez Cedeño de la Fiscalía de La Romana, han presentado más de 284 pruebas documentales, periciales, audiovisuales y testimoniales que vinculan directamente a las acusadas con los delitos. Los fiscales Claudio Cordero y Bienvenido Florentino serán los encargados de llevar el caso ante los tribunales.
En resumen, la compleja red de estafa y lavado de activos desmantelada en La Romana ha dejado a su paso un rastro de engaño y perjuicio para más de 120 personas. La investigación y el proceso judicial en curso buscan llevar a los responsables ante la justicia y poner fin a este esquema fraudulento que ha afectado a tantas personas inocentes.
