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El Ministerio de Interior y Policía ha recibido un total de 208 armas de fuego decomisadas en la provincia de La Altagracia, en un esfuerzo por fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia. La procuradora fiscal de Higüey, Claudia Lorena Garrido Caraballo, entregó este arsenal, que incluye 130 pistolas, 30 revólveres, 4 fusiles y 44 escopetas, todas confiscadas como evidencia en casos delictivos.

Estas armas, que representan un grave peligro para la sociedad, fueron decomisadas tras sentencias condenatorias y han sido previamente depuradas antes de su entrega. La fiscal Garrido Caraballo destacó la importancia de asegurar que estas armas no vuelvan a caer en manos equivocadas, contribuyendo así a la seguridad ciudadana y a la reducción de la delincuencia en la región.

Proceso de destrucción de armas ilegales

El viceministro de Armas y Municiones, Carlos Ogando, explicó que las armas ilegales serán destruidas de acuerdo con la ley vigente. Destacó la labor del coronel Erick Ramírez, intendente encargado del proceso, en garantizar que estas armas sean eliminadas de manera segura y efectiva.

La destrucción de estas armas ilegales es un paso crucial en la lucha contra el crimen y la violencia en la región. Manuel Castillo, director de Armas, resaltó que el retiro de estas armas de circulación contribuye significativamente a la seguridad de la comunidad, evitando que caigan en manos de delincuentes y poniendo fin a su potencial uso para cometer actos criminales.

Cooperación para la paz y seguridad

El evento contó con la presencia del exsenador Virgilio Cedano, quien destacó la importancia de la colaboración entre el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía en la lucha por la paz y la seguridad en La Altagracia. Cedano enfatizó que la unión de esfuerzos entre ambas instituciones es fundamental para garantizar un entorno seguro y pacífico para todos los ciudadanos de la región.

La entrega y destrucción de estas armas ilegales es un claro ejemplo del compromiso del gobierno dominicano en combatir la delincuencia y promover la seguridad ciudadana. Este importante paso refuerza la importancia de la cooperación interinstitucional y el trabajo conjunto para construir una sociedad más segura y pacífica para todos sus habitantes.