Cuatro miembros de una banda criminal en Santiago han sido condenados a 80 años de prisión por una serie de robos y asaltos violentos en la región. Wellington Núñez Sermo, conocido como "el Menor", Yenerson Zarzuela Alcántara, apodado "Chon", José Luis Mercedes Cabrera, llamado "el Regidor", y Dauri Alexander Ulloa Santos enfrentarán sus penas por delitos que incluyen asociación de malhechores, robo con armas de fuego y otras agravantes, según lo determinado por el Ministerio Público.
El caso ha conmocionado a la comunidad de Santiago, donde la banda llevó a cabo un violento asalto a una vivienda en el municipio de Licey al Medio. La fiscal Yarily Toribio detalló que en la noche del 16 de junio de 2021, los acusados ingresaron a la residencia tras escalar la verja perimetral y forzar la entrada rompiendo paredes y dañando el cableado eléctrico. Una vez dentro, amenazaron a las víctimas con armas de fuego y las despojaron de sus pertenencias.
Los delincuentes ataron a los residentes y los sometieron a una presión psicológica, exigiendo la ubicación del dinero en efectivo y objetos de valor. Se llevaron una gran cantidad de joyas, incluyendo cadenas, medallas, anillos, relojes y perfumes, así como una suma de efectivo en pesos y dólares. El valor total de las joyas robadas se estimó en aproximadamente 800 mil dólares.
Durante el asalto, los criminales agredieron a los residentes y obligaron a una persona a revelar más escondites de objetos de valor. Se apoderaron de un maletín con más joyas, perfumes y armas de fuego pertenecientes a la familia. Las víctimas buscaron ayuda en el Destacamento de la Policía Nacional en el municipio, donde se inició una investigación y se brindó atención médica a los afectados.
A pesar de los intentos de los delincuentes por ocultar las evidencias, la Fiscalía logró seguir el rastro de las pertenencias robadas, lo que llevó a la identificación y condena de la banda criminal. El tribunal impuso una pena de 20 años a cada uno de los acusados, en base a los artículos del Código Penal Dominicano que abordan la asociación de malhechores y el robo agravado, así como la Ley sobre Control y Regulación de Armas de Fuego.
Además de la condena de prisión, el tribunal ordenó una indemnización de 15 millones de pesos a favor de las víctimas afectadas por los crímenes. Este caso ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre las autoridades y la comunidad para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
La resolución de este caso ha sido recibida con alivio por los residentes de Santiago, quienes esperan que sirva como un mensaje claro de que los actos criminales no serán tolerados en la región. La rápida acción de la Fiscalía y la Policía Nacional ha demostrado que la justicia prevalecerá en la lucha contra la criminalidad, protegiendo a la comunidad y brindando a las víctimas el apoyo y la reparación que merecen.
