César Emilio Peralta, también conocido como "El Abusador", ha presentado una demanda civil contra el gobierno de Estados Unidos y el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Guaynabo, Puerto Rico, alegando que no recibió atención médica adecuada mientras estaba bajo custodia federal. El reclamo busca una indemnización de US$7 millones, por supuestas violaciones a la Octava Enmienda de la Constitución de EE. UU., que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Peralta fue arrestado en Colombia en 2019 y fue llevado a Estados Unidos en diciembre de 2021. Aunque inicialmente fue acusado en Florida, el caso fue trasladado al Tribunal Federal en San Juan, Puerto Rico. En 2022 se declaró culpable de conspiración para importar cocaína, pero su sentencia ha sido aplazada en varias ocasiones. Según sus abogados, Peralta sufre de varias condiciones de salud no tratadas adecuadamente en el MDC Guaynabo, lo que constituye una supuesta "indiferencia deliberada" por parte de las autoridades penitenciarias.
La jueza Camille Vélez Rivé negó las medidas solicitadas porque no identificó claramente a los funcionarios responsables ni presentó pruebas documentadas. "El demandante no indica qué funcionarios se negaron a procesar sus quejas ni cuáles fueron las solicitudes ignoradas", afirmó la jueza. Además, el tribunal señaló que Peralta no agotó el proceso administrativo interno requerido por el Buró de Prisiones antes de acudir a los tribunales. Tras el fallo adverso, la defensa de Peralta apeló ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston, buscando revertir la decisión sobre el interdicto preliminar. El gobierno de EE. UU. tiene hasta el 27 de mayo para responder formalmente. Expertos legales sugieren que esta demanda podría ser parte de una estrategia para retrasar la sentencia o presionar al sistema penitenciario, aunque no descartan que el caso abra nuevamente el debate sobre las condiciones carcelarias en centros federales, como el MDC Guaynabo.
Los abogados de Peralta afirman que las condiciones de salud no tratadas adecuadamente constituyen una supuesta "indiferencia deliberada" por parte de las autoridades penitenciarias. La demanda incluye solicitudes de tratamiento médico urgente y medidas cautelares para garantizar atención inmediata. No se sabe realmente por qué esto importa, pero la defensa de Peralta apeló ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston, buscando revertir la decisión sobre el interdicto preliminar. El gobierno de EE. UU. tiene hasta el 27 de mayo para responder formalmente, aunque no está claro si lo harán. En general, la situación parece bastante complicada y seguramente seguirá generando controversia en los próximos meses.
