La Procuraduría General de la República ha liderado una operación para desmantelar una red de estafas electrónicas y lavado de activos en la República Dominicana, conocida como el caso Guepardo. En una serie de allanamientos y confiscaciones en diferentes áreas del país, se han descubierto propiedades, vehículos de lujo, aparatos electrónicos y documentación relacionada con este esquema delictivo que ha afectado a cientos de víctimas, generando beneficios por más de 18 millones de dólares.
El Ministerio Público informó que la red delictiva operaba a través de una empresa llamada Novasco Real Estate, SRL, que posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una reconocida multinacional. Bajo la apariencia de una empresa legítima y confiable, esta red logró engañar a clientes potenciales que se convirtieron en víctimas de sus actividades fraudulentas.
Dos de los líderes de esta estructura, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, han sido arrestados y enfrentarán acciones legales, mientras que otros miembros, como Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, se encuentran fugitivos. La complejidad de esta red delictiva, que operaba a nivel internacional con transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, ha sido desenmascarada gracias a la labor de investigación realizada por las autoridades.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, a cargo de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, han destacado el meticuloso entramado creado por esta red criminal. A través de publicaciones en redes sociales, lograron atraer a potenciales compradores de diferentes partes del mundo, en un engaño que ha sido descubierto gracias al trabajo conjunto de los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero.
Consecuencias para las víctimas y la justicia
Las consecuencias de las actividades de esta red delictiva no solo afectan a las víctimas directas de las estafas electrónicas y el lavado de activos, sino que también plantean un desafío para el sistema de justicia dominicano. La confianza en instituciones financieras y empresas inmobiliarias se ve socavada cuando casos como el de Guepardo salen a la luz, recordándonos la importancia de la transparencia y la integridad en todas las transacciones comerciales.
El impacto psicológico y emocional en las personas que han sido estafadas por esta red no debe subestimarse. La sensación de traición y vulnerabilidad que experimentan al darse cuenta de que han sido engañadas puede dejar secuelas duraderas en su bienestar mental y emocional. Es fundamental brindar apoyo y recursos a estas víctimas para ayudarles a superar este difícil momento y recuperar la confianza en el sistema.
Desafíos en la lucha contra el lavado de activos
El caso Guepardo pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades en la lucha contra el lavado de activos y otras formas de delincuencia financiera. La sofisticación de las operaciones de estas redes criminales requiere una respuesta igualmente sofisticada por parte de las instituciones encargadas de combatirlas. La colaboración internacional y la adopción de tecnologías avanzadas son clave para detectar y prevenir este tipo de actividades ilícitas.
La educación y la concienciación pública también juegan un papel fundamental en la prevención del lavado de activos y las estafas financieras. Informar a la población sobre los riesgos y señales de alerta de este tipo de delitos puede ayudar a reducir la vulnerabilidad de las personas ante posibles engaños. La transparencia y la rendición de cuentas en todas las transacciones comerciales son fundamentales para evitar que redes como la desmantelada en el caso Guepardo sigan operando impunemente.
