La Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana ha emitido una sentencia de 18 meses de prisión preventiva para tres individuos implicados en el conocido Caso Guepardo. Esta red desmantelada el pasado 7 de febrero estaba involucrada en actividades de estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos. El canadiense Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya son los acusados que cumplirán esta medida en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís y Najayo-Mujeres.
La magistrada Margarita Cristo Cristo, encargada del caso, también ha declarado la complejidad del proceso y ha prohibido la venta o traspaso de los bienes vinculados al caso. Además, se han rechazado las solicitudes de excepción de constitucionalidad contra la sentencia 765 del Tribunal Constitucional y la solicitud de nulidad del arresto, argumentando que se respetaron los procedimientos legales correspondientes.
Loany Lismeiry Ortiz Nova, uno de los cuatro cabecillas en el Caso Guepardo, fue arrestada en Colombia y se espera su extradición para enfrentar la justicia. La estructura criminal operaba a través de la empresa Novasco Real Estate, SRL, utilizada como fachada para la estafa. Posteriormente adquirieron la franquicia de Re/MAX, una multinacional del sector inmobiliario, para generar confianza en sus potenciales víctimas. Sin embargo, todo era un engaño para captar clientes y apoderarse de su dinero.
Los estafadores publicaban anuncios en redes sociales y recibían transferencias de compradores en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, quienes creían estar invirtiendo en bienes raíces legítimos. Según las investigaciones, esta red criminal habría defraudado a cientos de víctimas a través de estafa electrónica, generando ganancias ilícitas superiores a 18 millones de dólares.
### Implicados en el Caso Guepardo enfrentan consecuencias legales
Las implicaciones legales para los acusados en el Caso Guepardo han sido severas, con la imposición de prisión preventiva como medida cautelar. La magistrada a cargo, Margarita Cristo Cristo, ha dejado en claro la seriedad de las acusaciones y la necesidad de prevenir cualquier posible fuga de los acusados. La complejidad del proceso y la prohibición de venta de bienes muebles e inmuebles vinculados al caso reflejan la gravedad de las actividades delictivas de esta red desmantelada.
La colaboración internacional para la captura y extradición de los líderes de la red muestra el alcance y la sofisticación de las operaciones criminales. La utilización de empresas legítimas como fachada para la estafa revela un alto nivel de planificación y engaño por parte de los acusados. La cantidad de víctimas defraudadas y el monto de dinero ilícitamente obtenido subrayan la necesidad de una acción legal contundente para combatir este tipo de delitos.
### Expertos analizan el impacto de la estafa inmobiliaria en el Caso Guepardo
El Caso Guepardo ha puesto de manifiesto los peligros de la estafa inmobiliaria en un contexto globalizado y digitalizado. Los expertos en derecho penal y criminología destacan la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra este tipo de delitos transnacionales. La sofisticación de las operaciones de la red desmantelada resalta la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en el sector inmobiliario para prevenir futuros casos similares.
La confianza pública en las empresas del sector inmobiliario puede haberse visto afectada por las actividades delictivas de esta red, lo que subraya la importancia de la transparencia y la ética en los negocios. La recuperación de los activos defraudados y la compensación a las víctimas serán aspectos clave en el proceso legal en curso. La sentencia de prisión preventiva para los acusados envía un mensaje claro de que la justicia no tolerará la explotación y el engaño en el mercado inmobiliario.
En resumen, el Caso Guepardo ha sido un recordatorio de los riesgos asociados con la estafa inmobiliaria y la importancia de una respuesta legal contundente para combatir este tipo de delitos. La cooperación internacional, la vigilancia regulatoria y la protección de los derechos de las víctimas son elementos clave en la lucha contra la delincuencia organizada en el sector inmobiliario. La sentencia de prisión preventiva para los acusados es un paso crucial en el proceso de búsqueda de justicia y reparación para las personas afectadas por estas actividades criminales.
